1. En caso de intervención, la obligación legal de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias corresponderá al concursado bajo la supervisión de la administración concursal. 2. En caso de suspensión, esa obligación legal corresponderá a la administración concursal.
Artículo 118 de la Ley Concursal ~ Declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
¿Qué nos indica el Artículo 118?
El Artículo 118 del Código de Comercio español se refiere a las declaraciones y autoliquidaciones tributarias en situaciones de intervención o suspensión debido a un procedimiento concursal.
En su primer punto, el artículo establece que en caso de intervención, la responsabilidad de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias recaerá en el concursado, es decir, el deudor que se encuentra en concurso de acreedores, bajo la supervisión de la administración concursal. Esto significa que a pesar de que la empresa o persona física se encuentre en un proceso de concurso de acreedores, aún deben cumplir con sus obligaciones fiscales presentando las declaraciones y pagando los impuestos correspondientes. Sin embargo, en lugar de hacerlo de forma completamente autónoma, deben hacerlo bajo la supervisión y control de la administración concursal, que es la encargada de administrar el patrimonio del deudor y velar por los intereses de los acreedores.
En el segundo punto, el artículo establece que en caso de suspensión, es decir, cuando se haya dictado la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, la responsabilidad de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias recae directamente en la administración concursal. En este caso, el deudor pierde la capacidad de llevar a cabo cualquier acto de administración de su patrimonio, incluyendo la presentación de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, la administración concursal asume la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones en lugar del deudor.
El Artículo 118: explicación sencilla
En términos sencillos, el Artículo 118 del Código de Comercio establece que, en situaciones de intervención o suspensión debido a un procedimiento concursal, el deudor (empresa o persona física en deuda) sigue siendo responsable de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, pero bajo la supervisión de la administración concursal.
En el caso de intervención, el deudor debe presentar los documentos y pagar los impuestos correspondientes, pero debe hacerlo bajo la supervisión y control de la administración concursal, que es la encargada de administrar el patrimonio del deudor y velar por los intereses de sus acreedores.
En el caso de suspensión, el deudor pierde la capacidad de llevar a cabo cualquier acto de administración de su patrimonio, incluyendo la presentación de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, la administración concursal asume la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones en lugar del deudor.
Para sintetizar, el artículo establece que, incluso durante un proceso de concurso de acreedores, el deudor sigue teniendo la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero bajo la supervisión de la administración concursal si se encuentra en intervención o directamente en manos de esta si se encuentra en suspensión. Es importante que el deudor cumpla con estas obligaciones tributarias para evitar mayores problemas legales y económicos durante el proceso concursal.
Ejemplos de aplicación del artículo 118 de la Ley Concursal
- Caso 1: Una empresa se declara en concurso de acreedores y se encuentra en fase de intervención. La administración concursal supervisará que el concursado presente correctamente las declaraciones y autoliquidaciones tributarias requeridas por la ley.
- Caso 2: Una persona física inicia un procedimiento concursal y está en fase de intervención. En este caso, será responsabilidad del concursado presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, siempre bajo la supervisión de la administración concursal.
- Caso 3: Una empresa entra en suspensión de pagos y la administración concursal toma el control de sus operaciones. En este escenario, será la administración concursal la encargada de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias en nombre de la empresa.
- Caso 4: Una sociedad mercantil se declara en concurso de acreedores y se determina que continuará sus operaciones en fase de intervención. En este caso, la obligación de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias recaerá en el concursado, pero bajo la supervisión de la administración concursal.
- Caso 5: Un autónomo atraviesa una situación de insolvencia y decide solicitar un concurso de acreedores. Durante la fase de suspensión, será la administración concursal la encargada de cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes en nombre del autónomo.
En todos estos ejemplos, el artículo 118 de la Ley Concursal establece claramente cómo se deben gestionar las obligaciones tributarias durante un proceso concursal, ya sea en fase de intervención o suspensión, y quién es el responsable de su cumplimiento. Es importante tener en cuenta estas disposiciones legales para garantizar el correcto desarrollo del concurso de acreedores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Cuál es la finalidad del Artículo 118 de la Ley Concursal?
El Artículo 118 de la Ley Concursal establece que en caso de intervención en un concurso de acreedores, la obligación de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias corresponderá al concursado bajo la supervisión de la administración concursal. Por otro lado, si se produce una suspensión, esta responsabilidad recaerá directamente en la administración concursal.
La principal finalidad de este artículo es establecer claramente quién será el responsable de cumplir con las obligaciones tributarias durante el procedimiento concursal. Al asignar esta responsabilidad de manera específica, se busca garantizar que las obligaciones fiscales se cumplan de manera adecuada y que se eviten posibles incumplimientos que podrían afectar el desarrollo del proceso concursal.
Además, al delimitar claramente las responsabilidades de cada parte involucrada, se busca asegurar una gestión eficiente y transparente de las obligaciones fiscales dentro del proceso concursal. Esto contribuye a mantener la legalidad y transparencia en el procedimiento, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.
