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¿Qué es la Ley Concursal?
La Ley Concursal constituye el marco normativo que rige el proceso concursal aplicable a diversos tipos de deudores, ya sean personas físicas o jurídicas. Los concursos de acreedores o sistemas de insolvencia buscan un fin económico fundamental: lograr la reasignación eficiente de los recursos productivos.
El término "ley concursal" se emplea para referirse al conjunto de normas, tanto sustantivas como procesales, que gobiernan el procedimiento concursal para deudores de toda índole, abarcando tanto a individuos como a entidades jurídicas.
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Reforma de la ley concursal
En el transcurso de septiembre de 2022, se puso en marcha la modificación de la Ley Concursal, la cual incorpora al ordenamiento español la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, abordando marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, así como medidas para optimizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
De acuerdo con las declaraciones introductorias de la Ley Concursal 16/2022, la intención de esta normativa es enfrentar las limitaciones del sistema de insolvencia vigente en España, tocando aspectos como los instrumentos preconcursales, la prolongación de los concursos y la subutilización de la figura de la segunda oportunidad. Esta revisión sustancial, implementada desde septiembre, presenta notables ajustes:
- Introduce los planes de reestructuración como herramienta preconcursal, orientada a prevenir o superar la insolvencia. Facilita la adopción de medidas frente a las dificultades financieras de profesionales individuales o empresas antes de lo permitido por los antiguos instrumentos preconcursales. Este enfoque busca eliminar el estigma asociado al concurso, mejorando su eficacia al incentivar la reestructuración más temprana del pasivo y contribuyendo a descongestionar los juzgados.
- Suprime los instrumentos preconcursales actuales que solo podían utilizarse en situaciones de inminente insolvencia por parte del deudor.
- Reforma el procedimiento concursal para aumentar su eficacia, introduciendo modificaciones procedimentales para agilizarlo, facilitar la aprobación de convenios en casos de viabilidad empresarial y lograr una liquidación rápida en situaciones contrarias.
¿Qué contenido modifica la nueva ley concursal?
La normativa ha experimentado una amplia revisión de la Ley Concursal, incorporando notables conceptos, tales como:
- Planes de reestructuración: Se introduce una acción en una fase previa a los actuales instrumentos preconcursales, libre del estigma asociado al concurso y con características que mejoran su eficacia. Este cambio suprime los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago existentes.
- Alerta temprana: Concede al deudor la capacidad de intervenir "para evitar o encauzar la insolvencia", identificando cuándo la trayectoria del negocio amenaza la viabilidad de la actividad, evitando llegar a una insolvencia inminente para recurrir a los mecanismos preconcursales previstos en la antigua Ley Concursal.
- Procedimiento especial para microempresas: Este mecanismo de "insolvencia único y especialmente adaptado" atiende a las particularidades y necesidades de estas empresas, proponiendo una mayor simplificación procesal. El acceso a este procedimiento excluye la posibilidad de un plan de reestructuración y está dirigido a trabajadores autónomos y microempresas con menos de diez empleados, reduciendo trámites y costos para facilitar la continuidad de las empresas cuya actividad pueda persistir.
Entre estos cambios, destaca significativamente el concepto de plan de reestructuración, caracterizado por ser una intervención en una etapa previa a los actuales instrumentos preconcursales, exento del estigma asociado al concurso y con atributos que potencian su eficacia. La incorporación de este plan elimina los actuales acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago.
Exoneración del pasivo insatisfecho en segunda oportunidad
La reciente reforma ha instaurado un marco completamente nuevo, tanto en términos procesales como materiales, para la exoneración del pasivo insatisfecho, apuntando específicamente a individuos insolventes, sin importar su condición como empresarios.
Se han delineado dos modalidades de exoneración:
- Exoneración con liquidación de la masa activa
- Exoneración con un plan de pagos y sin liquidación previa del patrimonio del deudor
Uno de los giros más notorios en esta normativa actualizada es que, en lugar de condicionar la obtención de la exoneración a la satisfacción de un tipo específico de deudas (como se requería en la versión anterior) y al intento de un acuerdo extrajudicial de pagos, se adopta un sistema de exoneración basado en méritos.
Bajo este enfoque, cualquier deudor, independientemente de su condición como empresario, puede ahora exonerar todas sus deudas, con excepción de aquellas que, por su naturaleza especial y de manera excepcional, se consideran legalmente no exonerables, siempre y cuando cumpla con el estándar de buena fe en el que se fundamenta este instituto.
Mejoras en el procedimiento
La reforma concursal busca agilizar los procedimientos y facilitar la aprobación de convenios o la liquidación rápida, especialmente enfocándose en la venta de unidades productivas.
Algunas de las modificaciones incluyen la limitación del procedimiento a doce meses, con posibilidad de extensión justificada, la anticipación de la elección entre liquidación o convenio al informe provisional de la administración concursal, la eliminación de la aprobación judicial del plan de liquidación, la introducción del mecanismo "pre-pack" para presentar propuestas vinculantes de adquisición, y la supresión del convenio anticipado y la junta de acreedores.
También se permite prescindir de la administración concursal en concursos "express" sin masa si no lo solicitan ciertos acreedores.
En la sección de calificación, se elimina la excepción que evitaba su apertura en casos de "convenio no gravoso", y se otorga más protagonismo a los acreedores, permitiéndoles presentar informes de calificación en ciertos casos. Además, se introducen incentivos y penalizaciones en la retribución del administrador concursal, vinculados a la rapidez y eficiencia del procedimiento.
Nuevo procedimiento de insolvencia especial para microempresas
La reforma concursal introduce un Libro III para establecer un procedimiento simplificado dirigido a las microempresas, aplicable de manera obligatoria a quienes cumplan con ciertos criterios, como tener menos de 10 empleados y un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros.
Este nuevo proceso destaca por su agilidad, simplicidad y menor costo, siendo gestionado de manera telemática a través de formularios electrónicos normalizados.
En este contexto, se permite la asistencia letrada al deudor, con intervención mínima del juzgado y participación de profesionales solo cuando sea necesario. La innovación radica en su enfoque modular, donde ciertas medidas y efectos no obligatorios se implementan solo si las partes lo solicitan y se cumplen los requisitos legales.
El procedimiento ofrece dos itinerarios: el de continuación, ágil y flexible, que facilita acuerdos entre deudor y acreedores; y el de liquidación rápida (fast-track), accesible a través de una plataforma en línea gratuita y universal.
En el procedimiento de liquidación rápida, no hay fase común ni informe de la administración concursal. Todo se desarrolla en una única fase, con el plan de liquidación como elemento central, buscando preferentemente la enajenación de la empresa o unidad productiva en funcionamiento.
La calificación del concurso solo puede abrirse en casos de liquidación, a solicitud de acreedores con más del 10% del pasivo o cualquier acreedor, siempre que existan indicios objetivos de ocultación o falsificación de información.
Otras reformas de la Ley Concursal
En España, el sistema concursal ha enfrentado históricamente procedimientos prolongados y costosos, con una tendencia hacia la liquidación de las empresas concursadas. Durante la crisis, se realizaron seis reformas a la Ley Concursal entre 2009 y 2015, con un enfoque principal en mejorar los procesos para sociedades no financieras.
Los resultados indican que algunas reformas han impactado significativamente en la probabilidad de convenio y la duración de los concursos. La reforma de 2012 aumentó la probabilidad de convenio en al menos un 5%, especialmente en empresas con menor valor de liquidación. Esta mejora se atribuye a cambios en la administración concursal, con requisitos más estrictos y la incorporación de un único miembro.
Por otro lado, la reforma de 2014 redujo la duración media de los concursos en al menos un 17%, principalmente al mejorar el marco legal de los acuerdos de refinanciación. Este cambio favoreció a empresas más grandes, sugiriendo que los acuerdos de refinanciación se volvieron más atractivos que la liquidación, aliviando la congestión judicial.
En términos de resultados concursales, la reforma de 2014 aceleró los concursos que concluyen con convenio, mientras que las demás reformas no mostraron impacto significativo en la duración o resultado de los concursos. Además, se plantea la necesidad de investigar la influencia de las reformas en la demanda de concursos y abordar la heterogeneidad de los procedimientos concursales en futuros estudios.
Artículos explicados Ley Concursal
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